En la oportunidad, abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y referentes de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FunDePS) ofrecerán una conferencia de prensa.
También buscarán dialogar con el Procurador Pedro García Castiella. A la larga lista de organizaciones que se presentaron como amicus curiae se sumará el CELS. “Vamos a estar con Vanina Escales, que es coordinadora de la Agenda Feminista del CELS, y con las compañeras pidiendo por el sobreseimiento de Miranda.
Ante el Tribunal de Impugnación vamos a plantear que Miranda es una defensora de derechos humanos en este contexto”, explicó Lucía de la Vega, abogada y coordinadora del CELS.
“El ir hacia Tartagal a garantizar derechos, sufrir la persecución que está sufriendo por garantizar derechos en el sistema de salud, porque vemos que los antiderechos lo que hacen es obstruir de forma selectiva, no obstruyen lo que se hace en las clínicas privadas. Obstruyen a los profesionales de la salud, a las mujeres pobres o personas con capacidad de gestar, vulnerables que necesitan del sistema de salud”, indicó de la Vega.
Calificó la imputación que se le hizo a Miranda Ruiz: “Es vergonzosa”.
“Lo único que hizo (Ruiz) es garantizar derechos. En un primer momento se le imputó “aborto sin causal” y cuando se dieron cuenta porque el abogado de Miranda hizo una presentación, se modificó la imputación porque era imposible sostenerla, y se planteó “aborto sin consentimiento”, cuando en realidad la joven por sus propios medios llega a Tartagal y pide el aborto”.
Ruiz estuvo detenida por practicar la ILE por orden del juez de Garantías, Fernando Mariscal Astigueta. Se le negaron dos pedidos de sobreseimiento y por eso, la defensa jurídica de Miranda presentó un recurso de apelación en la Vocalía N° 2 de la Sala Primera del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta.
