septiembre27 , 2023

Desde el lunes, centros nefrólogos privados no recibirán pacientes de PAMI en reclamo por actualización de aranceles

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Así lo confirmó Miguel Discépolo, presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, ante “la falta de respuestas de las autoridades”

Este jueves, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), Miguel Discépolo, anunció que, a partir de la semana que viene, todos los centros privados de diálisis del país no recibirán nuevos pacientes derivados del PAMI.

La medida fue dispuesta “ante la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo”. Pese al reclamo, todavía atenderán a pacientes crónicos.

“Hoy tenemos que resolver un problema mayúsculo que es el desfasaje entre el costo que demanda la práctica y el valor del módulo, distorsión agravada por el tipo de cambio de incidencia directa en insumos y tecnología importados que conlleva la prestación médica, además de las paritarias y el impacto de las tarifas de servicios públicos”, aseguró Discépolo en diálogo con La Voz.

Discépolo informó que Cadra envió una carta documento a las autoridades expresándoles “la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país”. Además, advirtió que, si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo. En caso de persistir el conflicto, desde el 5 de setiembre próximo se suspendería también la atención de los pacientes en tratamiento, quienes seguirán recibiendo el servicio hasta que el PAMI indique la derivación.

“El martes 30 fuimos con otras cámaras prestadoras al Pami. Nos recibió Víctor López Monti, que nos dijo que no tenían ninguna novedad para nuestro sector y nos propuso constituir una mesa de diálogo para que, en un plazo de 60 días, se conforme un análisis de costos para determinar el valor de la prestación. Lo rechazamos de plano, porque ya no es el momento de sentarse para empezar a pensar. Este es un conflicto que lleva más de 700 días”, contó el dirigente en diálogo con Página 12.

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