El periodista aseguró que los jueces de Comodoro Py “empezaron a hacer un uso indiscriminado” de las preventivas para evitar que se publique una tapa del diario La Nación criticando su inacción. La maniobra habría culminado con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Por Raúl Kollmann

La maniobra, supuestamente, culminó con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
La maniobra, supuestamente, culminó con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El columnista de La Nación, Carlos Pagni, confesó desde el corazón del propio diario de los Mitre y los Saguier, el apriete y la extorsión destinados a exigirle a los jueces federales que detengan a dirigentes del kirchnerismo. “Los jueces de Comodoro Py –contó Pagni– empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes”. De esta forma, Pagni desnudó una parte del mecanismo de la persecución política: la amenaza de escrache y presión a los jueces, todo ejecutado junto a las otras dos patas del lawfare: los grandes medios y los dirigentes políticos de Cambiemos. Y no se trata de un fenómeno aislado, sino de una estrategia continental que se vio en Brasil, Ecuador y ahora en Bolivia.

El relato de Pagni muestra descarnadamente la forma en la que se usó la justicia para enfrentar a las fuerzas opositoras al neoliberalismo:

*Les hicieron saber a los jueces que los iban a escrachar con una foto si no detenían a integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

*Supuestamente asustados, los jueces aceptaron detener a Ricardo Jaime. No por las pruebas ni por la situación procesal, sino por la amenaza del escrache. El fiscal de aquella causa, Federico Delgado, se asombró ante los dichos de Pagni: “esto es gravísimo. Pagni debe ser llamado a declarar”.

*Una vez abierta la compuerta –redondea el columnista de La Nación–, los jueces supuestamente sobreactuaron, desplegaron toda su fobia, “con prisiones preventivas aberrantes”.

La versión de Pagni deja planteado un delito, extorsión, que consiste en “usar una intimidación para que otra persona haga o deje de hacer algo”. En este caso sería extorsión agravada, por cuanto los supuestamente extorsionados son jueces. Un argumento usado para alivianar la confesión es que esos mismos jueces jugaron a garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas, durante el kirchnerismo, pero la realidad es que gran parte de los expedientes se iniciaron durante el gobierno de CFK, sólo que en ese momento los jueces no se despacharon con un festival ilegal de prisiones preventivas.

Este diario se comunicó con Fernán Saguier, a cargo de la conducción del diario La Nación, para pedirle explicaciones sobre la confesión de su columnista. Al principio, a través de una asistente, Saguier envió el mensaje de que cualquier consulta debía dirigirse a Pagni y luego hubo un cambio de respuesta: informaron que Saguier se había retirado del diario y que no estaba accesible.

La detención de Ricardo Jaime se produjo en abril de 2016, o sea al principio del gobierno de Mauricio Macri. Eso demuestra que la extorsión y la persecución fue conjunta, medios, justicia y gobierno, porque la Casa Rosada dio el visto bueno e hizo jugar a sus operadores. Entonces se produjo la andanada. Pocos días después de la detención de Jaime, cuando viajaba a Buenos Aires a declarar, con el insólito argumento de que no tenía plan de vuelo, también fue apresado Lázaro Báez, a quien pasearon por toda la ciudad de Buenos Aires para que las imágenes fueran transmitidas por las cámaras de television.

Llegaron a usar causas grotescas, como la acusación por traición a la patria por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, un tratado que votó el Congreso y que nunca entró en vigencia. La Nación apoyó las acusaciones y las detenciones, que incluyeron al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pero también a Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. En ese mismo expediente hubiera sido encarcelada CFK, pero la protegieron los fueros.

Utilizaron causas armadas de manera escandalosa, como la del Gas Natural Licuado, con una pericia falsa y un perito que ahora irá a juicio por falso testimonio agravado. En este caso detuvieron a Julio De Vido y Roberto Baratta, y tuvo la insólita intervención del falso abogado, pagado por la Agencia Federal de Inteligencia, Marcelo D’Alessio. La Nación le hizo coro también a esta causa y a las detenciones.

El apresamiento de Amado Boudou igualmente tuvo el respaldo de La Nación. El Tribunal Oral que lo juzgó y condenó en el caso Ciccone nunca había detenido a nadie después de un juicio sino que se esperaba la apelación a la Casación, la famosa doble instancia. Esta vez, se ve que influyó la amenaza del escrache del que habló Pagni este lunes.

Las detenciones masivas de funcionarios y empresarios también se originaron en las fotocopias de los cuadernos que hizo públicas La Nación. La estrella fue el arrepentido chofer Oscar Centeno, quien dijo que quemó los cuadernos en una parrilla. Después, casi todos los cuadernos –menos los que convenían– reaparecieron intactos, otra vez de la mano de La Nación.

Y no sólo persiguieron a integrantes del gobierno de CFK sino también a los medios que se oponían al neoliberalismo y a las políticas del gobierno de Cambiemos. La Nación encabezó una ofensiva para detener al titular del Grupo Octubre –que integra Página/12– Víctor Santa María, con reiteradas notas tratando de forzar su encarcelamiento. Y también La Nación fue el diario que encabezó la campaña para que los jueces manden a la cárcel a Fabián De Sousa y Cristóbal López, causa que arrancó a raíz de una nota del diario de los Saguier, con datos, que ahora se demostraron falsos y armados por el gobierno de Macri.

El festival de detenciones, supuestamente originado en la amenaza de la foto de La Nación, derivó hasta en una doctrina, a la que le pusieron el nombre del camarista Martín Irurzun. A cualquier ex funcionario debía imponérsele la prisión preventiva porque contaba con “relaciones residuales”, o sea vínculos que le podrían ayudar a tapar los delitos. Y no era necesario probar nada: ni que había alterado una prueba ni que escondió algo ni que fuera protagonista de algún engaño. Con ser ex funcionario, bastaba.

En sus palabras de este lunes en el canal del diario centenario, Pagni se volcó hacia el final en una interpretación casi psicológica hablando de contrafobia , como si se tratara de una especie de enfermedad o psicosis que le agarró a los magistrados de Comodoro Py, que empezaron a detener como una obsesión después de aquel domingo en el que se iba a publicar la foto. El columnista esconde que el lawfare fue una política, no un problema aislado de unos jueces o camaristas. La prueba es que se aplicó en la Argentina, mucho más todavía en Brasil con Dilma Roussef y Lula, en Ecuador con Rafael Correa y recientemente en Bolivia con Evo Morales. Todo hace pensar que el diseño proviene de los think–tanks de la derecha norteamericana y lo fueron aplicando en los distintos países de diferentes formas, pero siempre con la misma alianza política–mediática–judicial.

No es casualidad que en la Argentina hayan citado a Cristina a ocho indagatorias en el mismo día y que a Lula le hayan imputado ser dueño de un departamento en el que nunca pasó una noche, nunca estuvo a su nombre y que la constructora usó como garantía demostrando que era propio y no del dirigente del PT. No es casual que aparezcan escuchas entre los fiscales y el juez Sergio Moro tramando la detención de Lula, mientras en la Argentina aparecieron en Dolores las escuchas que muestran como actuaba el fiscal Carlos Stornelli en yunta con D’Alessio y otros operadores de inteligencia.

La política del lawfare logró excluir a Lula de las elecciones en Brasil, ahora veda la participación de Evo Morales en Bolivia y mantiene en el destierro a Correa en Ecuador. En la Argentina, tal vez pensaron en encarcelar a CFK para sacarla de la cancha política. No pudieron. Por el contrario, buena parte de los juicios y los expedientes de Comodoro Py empiezan a naufragar, porque aparecieron los Leonardo Fariña comprados y guionados, las pericias falsas de David Cohen, las visitas de los jefes de la AFI al juez Luis Carzoglio y todo el conjunto de las operaciones que se utilizaron. No significa que no hayan existido delitos y que deben investigarse como corresponde, pero lo que nuevamente puso sobre la mesa el columnista de La Nación es la forma en la que se usaron las extorsiones y aprietes.

Lo que Pagni confesó es el detrás de la escena: la pata mediática de toda la trama. Las evidencias y las pruebas pasaron a un lejano segundo plano: las órdenes detención se firmaron para no salir en la foto de tapa del domingo, pero siempre con la mirada puesta en destruir a las fuerzas opositoras.

Página/12

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