El juez ordenó no solo apartar a la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke de una causa penal, sino también que sea investigada penalmente por haber incurrido en supuestas infracciones al Código Penal.
El fallo, dado a conocer ampliamente por el Poder Judicial, repercutió de inmediato en la Ciudad Judicial, donde surgieron varias especulaciones.
Pues la fiscal figuraba entre las más funcionales a la nueva conducción, por lo que varios colegas de la funcionaria indicaron que posiblemente “le soltaron la mano”.
Al margen de ello, ninguno desconoció la gravedad de lo resuelto por el juez Martini, a quien la fiscal habría intentado engañar al darle carácter de legalidad a una prueba que, a la postre, se descubrió era totalmente ilegal.
Piden investigar a una fiscal
Por ello, el magistrado, decidió primero apartar a la fiscal de la causa penal seguida en contra del comisario Walter Exequiel Mamaní.
Quien es investigado por los presuntos delitos de vejaciones y otros más en perjuicio de un menor, hecho ocurrido en Apolinario Saravia.
Pero esto no fue todo, pues también decidió correr vista de las actuaciones al fiscal penal, ya sea de turno o el que corresponda, a fin de que investigue a Simesen de Bielke por la supuesta comisión de delitos.
La orden fue ampliamente fundada en su fallo. Además, se resaltó la seriedad del caso, pues la sospechada es la responsable de dirigir la investigación penal.
Razones del fiscal para el pedido
La razón que llevó al juez a avanzar contra la fiscal, según el fallo, tiene que ver con un planteo realizado por el abogado Ricardo Albornoz, defensor del auxiliar fiscal de la ex fiscalía penal de Joaquín V. González, Sergio Dantur, el mismo que fue imputado por la fiscal en agosto pasado por encubrir a Mamaní.
Para ello, Simesen de Bielke fundó su acusación en una serie de mensajes que el auxiliar intercambió con el comisario, los que, según aseguró, se hicieron desde un teléfono celular perteneciente al Ministerio Público.
Esto, sin embargo, no fue así, pues tras varias idas y venidas, en las cuales la misma fiscal remitió al juez Martini, oficios en los que insistió y afirmó que el celular no era de uso personal, finalmente el magistrado descubrió la verdad. Y la misma, llamativamente, no vino de la fiscalía.
La empresa Personal emitió una contestación, sobre el origen del teléfono, indicó que dicho aparato pertenecía a Dantur, con lo cual se determinó que era de uso personal del mismo.
Esto cambió todo el eje de la discusión, pues para secuestrar un teléfono de uso personal, la fiscal tendría que haber pedido una orden al juez, lo cual nunca hizo.
Lejos de reconocer esta falla, el juez resaltó en su fallo, la fiscal intentó mantener el engaño con oficios erróneos.
