Así lo afirma un informe de la consultora Proyecto Económico.

Entre exenciones por cambios en las retenciones e impuestos el Estado, durante la gestión del presidente Mauricio Macri, le habría “transferido” al sector privado unos $691.000 millones, según asegura un informe elaborado por la consultora Proyecto Económico, que conduce Fernanda Vallejos.

“Desde 2016 se produjeron diversas modificaciones impositivas que tuvieron, en general, efectos distributivos en un sentido regresivo y, además, una merma recaudatoria, restando márgenes de maniobras al Estado Nacional para que ponga en marcha políticas orientadas a los sectores más vulnerables y/o al incentivo de programas contracíclicos que promuevan el consumo interno y la producción”, explica el documento.

Y profundiza: “Entre las principales modificaciones que ha promovido el Ejecutivo cabe destacar aquellas que impactaron sobre los derechos de exportación (primero disminuyéndolos o eliminándolos y después definiendo una cantidad fija en pesos), la reducción en las alícuotas en el impuesto a los Bienes Personales y el establecimiento de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales”. Así, según la consultora, “en valor presente se observa que estas modificaciones representaron para el Estado Nacional un costo de $690.000 millones, es decir que en la práctica (tomando en cuenta las marchas y contramarchas del Gobierno), se produjo una transferencia millonaria de recursos del Estado Nacional al sector privado, por lo que dejó de recaudar durante estos casi cuatro años”.

“Esta política impositiva benefició fundamentalmente a las empresas (vía cargas patronales), a los exportadores agropecuarios (mediante la rebaja en las retenciones) y a las personas físicas de mayores ingresos (por la reducción de la alícuota de Bienes Personales)”, insiste la consultora de la diputada nacional.

Modificaciones tributarias de Cambiemos

Proyecto Económico recuerda que en materia tributaria el gobierno de Cambiemos “emprendió una serie de modificaciones que se tradujeron en fuertes transferencias del Estado al sector privado”. Y explica que “desde enero de 2016, con el pretexto de reducir la presión impositiva, se eliminaron y modificaron diversos tributos, colocando el acento en los siguientes”:

Bienes Personales

  • Es un ingreso para el Estado que proviene de gravar la riqueza de los individuos. Esto implica que no sólo se trata de un impuesto sumamente progresivo, ya que lo pagan quienes poseen riqueza por más de determinado monto (mínimo no imponible), sino que evita su traslación a precio haciéndolo más justo y eficiente, evitando las distorsiones características de los impuestos indirectos como el IVA.
  • Toda reforma tributaria tiene impacto en la recaudación de cada impuesto y en el total de los mismos y, en este sentido, cabe destacar que el Gobierno Nacional profundizó el sesgo regresivo al tomar una serie de medidas que limitaron el alcance de los tributos igualitarios, fomentó los desigualitarios y redujo el peso de aquellos que financian gastos progresivos como el sistema de seguridad social.
  • Por otro lado, la macroeconomía impacta de forma directa en la recaudación: Ganancias e Ingresos Brutos reaccionan ante la inflación y el crecimiento; Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se encuentran asociados al nivel de empleo, los salarios y la formalización del trabajo. En tanto, los tributos al Comercio Exterior se hallan relacionados con el tipo de cambio, los precios de las commodities y las buenas o malas cosechas. Uno de los pocos impuestos que permanece relativamente invariable a los vaivenes de los ciclos económicos es el de Bienes Personales, por lo que tiene un cariz contracíclico.
  • En el año 2015, las alícuotas aplicadas a partir de un mínimo no imponible de alrededor de U$S30.000, eran de 0,5%, 0,75%, 1% y 1,25%. Tras la fuerte baja que estableció el Gobierno entre 2016 y 2018, que llevó a una alícuota única de 0,25% y un mínimo no imponible más elevado, las alícuotas volvieron a modificarse en el año 2019. Sin embargo, en esta última oportunidad, se mantuvo en el 0,25% para la categoría más baja, (de 2 a 3 millones de pesos), seguido por una categoría de 0,5% (de 3 a 18 millones de pesos) y la más elevada se estableció en el 0,75 por ciento (más de 18 millones de pesos).

Retenciones

  • Apenas asumió el actual Gobierno una de las primeras decisiones que tomó consistió en la eliminación de los derechos de exportación a todas los productos agropecuarios e industriales (típicamente manufacturas de origen agropecuario). En cambio, las retenciones a la soja disminuyeron del 35% al 30%, estableciendo a su vez una política de baja gradual del 0,5% mensual que se detuvo hasta alcanzar un 25,5 por ciento.
  • No obstante, tras los primeros eventos de balance de pagos y los saltos en el tipo de cambio fue evidente la necesidad de moderar la suba de precios de los alimentos, además de incrementar las vías de recaudación para poder cumplir con las metas fiscales que Cambiemos se comprometió a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, desde septiembre de 2018, se reestablecieron los derechos de exportación a todos los productos primarios definiendo una suma fija de $4 por dólar exportado y de $3 por cada dólar exportado en bienes industriales y de servicios. La soja mantuvo un 18% adicional.

Contribuciones patronales

  • El Gobierno instrumentó una reducción gradual de las contribuciones que pagan los empleadores. Estableciendo un mínimo no imponible que alcanzaba a los $12.000 (actualizables) para el año 2022. Esta medida impactó en una merma recaudatoria del fisco en beneficio de las empresas, sin embargo no se tradujo en un incremento del empleo formal, tal como lo prometieron en su oportunidad los funcionarios del Poder Ejecutivo, en los fundamentos que justificaron la decisión.

Ganancias

  • El impuesto a las Ganancias sufrió una modificación a fines de 2016. Se introdujo una actualización de los mínimos no imponibles por el índice de salarios a los trabajadores. El cambio más relevante consistió en la implementación de un sistema de integración parcial en donde se gravan las ganancias de la sociedad y la distribución de dividendos a sus accionistas. Antes de la reforma, las sociedades en Argentina tributaban una tasa uniforme de 35% sobre sus utilidades, y los dividendos en cabeza del accionista se encontraban exentos. Con la reforma, la alícuota sobre utilidades se reduce a 30% desde el ejercicio fiscal 2018 y a 25% a partir del ejercicio fiscal 2020.
  • Por otro lado, se eliminó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que se pagaba en todas las compras y ventas de viviendas y se pasaron a gravar las ganancias por venta de inmuebles adquiridos luego de la reforma (excepto casa-habitación) en un 15%. Además, el Gobierno redujo los impuestos internos a los productos electrónicos. Hasta 2017, los electrónicos contaban con una alícuota nominal del 17% (20,5% efectiva). La reforma tributaria disminuyó el peso del impuesto interno de manera gradual hasta alcanzar un 2% en el quinto año de desgravación.

Transferencias de recursos

El informe de la consultora aclara que “todas estas modificaciones significaron, en general, una transferencia de recursos desde el Estado Nacional hacia el sector privado. Aunque la recaudación no es el único objeto de cada tributo, y el diseño del sistema impositivo también persigue efectos disuasorios de uno u otro comportamiento, es válido analizar como ejercicio una recaudación teórica, aplicando las alícuotas anteriores a las bases imponibles que efectivamente se dieron durante los casi 4 años de la actual gestión de gobierno”.

Proyecto Económico tomó únicamente las primeras tres modificaciones impositivas: la modificación en el impuesto a los bienes personales, la deducción a las contribuciones patronales y las modificaciones en los derechos de exportación (solo para los casos de maíz, girasol, trigo y soja).

“Estos tres tributos permiten identificar con claridad a los beneficiarios de las mencionadas modificaciones tributarias, que tuvieron, sin duda, un efecto regresivo. En cambio, otras modificaciones existentes (como puede ser la quita de impuestos internos a los electrónicos o la reciente eliminación del IVA a algunos alimentos) también representa una transferencia de recursos del Estado a los privados, pero este privado no es fácilmente identificable, ya que existe una discusión de en qué medida las bajas de esos impuestos son apropiadas por partes de la cadena de valor y en qué medida por los consumidores. Además, la quita de esos impuestos no tiene un claro efecto regresivo como los casos de estudio”, añade.

Seleccionados los impuestos, se tiene que la transferencia de recursos a estos sectores fue la siguiente:

Y considera que “por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019”. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI.

Por último, el informe analiza: “Si se observan la totalidad de los recursos tributarios nacionales en relación al producto, se tiene que en 2015 estos llegaban al 25,8% del producto, mientras que en los primeros 9 meses del año alcanzan el 20,8% del PBI para el periodo. Es decir que nuestra estimación explica solo 1,2 puntos de los 5 puntos porcentuales de diferencia. La diferencia tiene dos explicaciones. Por un lado, entran en juego otros impuestos no contemplados en nuestro cálculo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias corporativas es una porción importante de la recaudación pero que no pudo ser estimado ya que las estadísticas públicas de AFIP no discriminan entre la recaudación por ganancias corporativas y las personas físicas. Sin embargo, un aditamento para alcanzar el diferencial de 5 puntos tiene que ver con la recesión económica permanente durante los años de gobierno de Macri, a excepción del año 2017.

Y concluye: “Esto último debe servir como aprendizaje para las políticas tributarias futuras, entendiendo que más que discutir presión tributaria, debe centrarse la política económica en recuperar la demanda agregada y así, el crecimiento. Sin por ello ir en desmedro de mejoras de diseño en nuestros impuestos, una economía en marcha permite aumentar la recaudación mejorando las cuentas públicas e incrementando los grados de libertad para hacer política económica”.

Fuente: Ambito.com

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